Es lo más cercano, en términos legales y económicos, a una declaración de guerra:
La medida se ha tomado al averiguar que no sólo 350.000 ahorristas británicos, sino que también una serie de instituciones británicas, como más de un centenar de gobiernos regionales y municipales de Gran Bretaña, 15 fuerzas policiales (incluida Scotland Yard) y hasta la empresa de transporte de Londres se han visto afectadas por la crisis bancaria en Islandia, donde habían depositado sus fondos.
El gobierno islandés había garantizado hace unos días los depósitos nacionales, pero no los extranjeros. Ante esto, Gordon Brown anunció que tomaría medidas contra Islandia.
En realidad, para llevar a cabo esta medida, el Reino Unido está utilizando leyes diseñadas para congelar los fondos de grupos terroristas en contra de Islandia.
Los británicos no logran explicarse cómo la pequeña Islandia se las ingenió para captar tantas inversiones de tantas instituciones británicas (unos 1800 millones de dólares).
La falta de liquidez en estas instituciones británicas amenaza con afectar servicios públicos como el alumbrado, la limpieza de las calles y el mantenimiento de parques y bibliotecas, entre otros.
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